Tarapacá: En prisión preventiva quedó imputada por homicidio de dirigenta pozoalmontina

Fiscalía del Tamarugal la formalizó por el delito de homicidio calificado con alevosía, ya que la apuñaló varias veces por la espalda, en una casa desocupada, aprovechándose de la discapacidad que tenía la víctima.

El fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres (en la fotografía), realizó la audiencia de formalización de cargos.

Por el delito de homicidio calificado con alevosía fue formalizada por la Fiscalía del Tamarugal la imputada E.T.M., detenida por la Policía de Investigaciones por su participación en el asesinato de la dirigenta y emprendedora pozoalmontina Antonia Esteban Moscoso, ocurrido el viernes pasado.

En la audiencia de formalización, el fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres, explicó que el día de los hechos, cerca de las 14:00 horas, la imputada concurrió a bordo de un vehículo marca Hyundai al exterior del Centro de Artes Escénicas de la comuna de Pozo Almonte, para recoger a la víctima con la excusa de ir a firmar un documento notarial para el traspaso de un terreno. Antonia Esteban Moscoso, quien mantenía una discapacidad física del 70% y caminaba ayudada por un bastón, era la tía del marido de la imputada y mantenía una relación de confianza y cercanía con ella, habiendo incluso ese día  tomado desayuno juntas en horas de la mañana.

Un vez que la víctima salió de la ceremonia en la que había sido distinguida como ciudadana destacada por parte del municipio, subió a bordo del vehículo, conduciendo la imputada hasta un domicilio que estaba deshabitado. Una vez que ambas estuvieron dentro de la casa, la imputada, actuando de forma alevosa, se ubicó por la espalda de la víctima y con un arma blanca la apuñaló en el tórax, afectándola a nivel pulmonar y cardiaco, y luego le propinó una lesión cortante en la región del cuello que comprometió las arterias y venas y lesionó la vía aérea.

El fiscal agregó que sin perjuicio de las graves lesiones provocada, la imputada además le propinó cuatro heridas cortopunzantes en la zona de la espalda, alcanzado el corazón y los pulmones, falleciendo la víctima en el lugar.

De acuerdo al relato de la Fiscalía, luego de dar muerte a la víctima, la imputada procedió a limpiar minuciosamente el lugar e introducir el cuerpo al interior de una maleta, cambiándose parte de sus ropas para evitar mantener restos de sangre y retirándose del lugar en el mismo vehículo que llegó. Al día siguiente, aproximadamente las 09:55 horas, la imputada fue hasta dicho domicilio, trasladando la maleta con el cuerpo de la víctima hasta otra vivienda, donde procedió a lanzarla a un pozo séptico ubicado en el patio de dicho inmueble, lugar donde fue encontrado posteriormente por personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

El fiscal Torres dio cuenta de las diligencias realizadas por los funcionarios de la Brigada de Homicidios desde que los familiares realizaron la denuncia por la desaparición de la víctima el mismo día viernes, incluyendo una declaración de la imputada quien había sido la última persona en verla y quien señaló que la había dejado en una calle de Pozo Almonte con otra señora y no la volvió a ver, aunque habían quedado de acuerdo en ir a una notaría junto a su marido para materializar la compra de un terreno por el cual la víctima le había pagado 30 millones de pesos.

Una vez que los funcionarios policiales analizaron las cámaras de seguridad del lugar donde supuestamente la imputada había dejado a la víctima y confirmaron que dicha información no coincidía, nuevamente le tomaron declaración a la imputada, ocasión en que ella confesó que le había dado muerte y cómo la había realizado.

El persecutor detalló las posteriores diligencias realizadas por la policía en los sitios del suceso donde falleció la víctima y donde se escondió su cuerpo; el informe del Servicio Médico Legal que dio cuenta de las graves heridas provocadas en la víctima; y las declaraciones de otros familiares de la víctima, quienes indicaron que el marido de la imputada nada sabía de la venta del terreno.

Dada la gravedad del delito y la pena asignada al mismo, el fiscal Hardy Torres solicitó la prisión preventiva de la imputada por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue acogido por el juzgado de garantía fijando un plazo de investigación de 120 días.