Recuperan 91 kilos de cables de cobre robados en Tarapacá y formalizan a dueño de chatarrería

En el marco del foco investigativo sobre el robo de cables liderado por la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, la Policía de Investigaciones (PDI) logró recuperar 91 kilos de cable de cobre sustraídos de la autopista regional. La operación culminó con la formalización del dueño de una chatarrería en Alto Hospicio, donde el material fue incautado.

Fiscalización clave en Alto Hospicio

La recuperación se produjo el pasado martes 26 de noviembre, durante un operativo de fiscalización en la toma El Boro, Alto Hospicio. Según detalló el fiscal adjunto Javier Gutiérrez, “la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones inspeccionó una chatarrería que no contaba con documentación que acreditara la legal obtención de una gran cantidad de cable de cobre que tenía en su poder”.

El material fue identificado por personal de la empresa concesionaria Sacyr, encargada de Rutas del Desierto. “Aproximadamente 91 kilos de cables que estaban en este lugar fueron sustraídos a lo largo de este año en distintos puntos de la autopista. Este material se encontraba en proceso de ser modificado: habían quemado la cubierta, pero igualmente fue reconocido por personal de la empresa”, añadió Gutiérrez.

Impacto y persecución del delito

La Fiscal Regional, Trinidad Steinert, subrayó la importancia de esta recuperación como resultado de un trabajo articulado:

“Esta recuperación es producto de un trabajo coordinado que desde este año he impulsado como Fiscal Regional, en el cual he convocado a las distintas empresas afectadas por este delito, alentándolas a denunciar y mantenerse en contacto directo con la Fiscalía para el reconocimiento de las especies recuperadas. Como Ministerio Público continuaremos trabajando para la persecución penal del robo de cables, un delito que perjudica a la población al generar interrupciones en el abastecimiento eléctrico”, señaló Steinert.

Formalización y medidas cautelares

El imputado, propietario de la chatarrería informal, fue formalizado por el delito de recepción de especies. La Fiscalía solicitó medidas cautelares, y el tribunal decretó el arraigo nacional para el acusado, además de fijar un plazo de investigación de 90 días.

El caso refuerza los esfuerzos de las autoridades para frenar el robo de cables, un delito que afecta no solo a empresas, sino también a la calidad de vida de los ciudadanos.